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Privatizaciones. Juan José Millás

Que la muerte sea un negocio resulta triste; que sea un buen negocio, turbador. Las acciones de Funespaña, una empresa funeraria de Madrid con capital mixto, subieron el otro día como la espuma (más del 10%) al detectar los inversores que el Ayuntamiento podría privatizar la parte de la que todavía es dueño. No nos gusta que las pompas fúnebres copien el modelo industrial de las grandes superficies, pero que coticen en Bolsa nos parece excesivo. A este tipo de negocio le viene bien un tamaño familiar, de clase media, que dé para ir tirando. En nuestra imaginación, lo equiparamos a las antiguas mercerías, a los pequeños talleres de reparación de electrodomésticos, a las peluquerías de barrio, donde el trato con el cliente es muy directo, muy personal: todo lo contrario de lo que ofrecen las grandes superficies, a las que no sabes si dirigirte de tú o de usted, sentado o de rodillas.

Deberíamos dejar a la muerte fuera de las leyes del mercado para que los enterramientos no perdieran su significado original de devolver el cuerpo a la tierra, de la que procede. Precisamente religión viene del verbo latino religare, que significa unir o volver a unir. Inhumar los restos de un familiar poseía, en ese sentido, una fuerte carga religiosa. Ahora, con la entrada de los grandes capitales en el sector, el cadáver ha devenido en una inversión, o en una desinversión, depende desde el lado del catafalco que lo mires. Cualquier día de éstos llega una industria cárnica y hace una OPA hostil contra Funespaña o cualquier otra empresa de este tipo. Entre nosotros, y perdonen la dureza de la pregunta, ¿quién se tomaría una hamburguesa de esa marca fúnebre?

A todo esto, los empleados de Funespaña han anunciado movilizaciones contra la privatización, que se traducirá en un recorte de puestos de trabajo. Una vez que la muerte entra en el mercado, hay que enterrar a destajo y dar el pésame en serie. Estamos de acuerdo con los empleados. Si renunciamos a que las funerarias tengan el tamaño correcto, mantengámoslas al menos como servicio público. El Estado es el que mejor representa los intereses de la comunidad, incluso de la comunidad de los difuntos. Suerte.

EL PAIS, 30-IX-2005

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