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Censura. Juan José Millás

En una situación de plenitud democrática nadie pondría en duda la afirmación de Tele 5 según la cual la supresión de Caiga quien caiga (suerte, muchachos) se debe a razones empresariales. A menos que confundamos la dirección con la censura, tendremos que aceptar que cada empresa puede programar en sus medios lo que le venga en gana. La censura, en fin, es propia de las dictaduras y de las democracias verdes, pero el hecho de que ni el más tonto del pueblo se crea que Tele 5 ha obrado desde la independencia empresarial a la hora de cerrar la boca al Gran Wyoming nos sume en un desasosiego que aumenta cuando zapeas de un lado a otro del arco televisivo y, en efecto, ves lo que ves, es decir, nada, a condición de que esa nada no moleste al Gobierno.

La situación se vuelve escandalosa en escenarios de emergencia como el provocado por el hundimiento del Prestige. Recordemos que los damnificados tuvieron que ocupar literalmente la emisión de un informativo de TVE para que dejara de desinformar, y que muchos profesionales sintonizaban, como en los mejores tiempos, emisoras extranjeras para saber lo que de verdad estaba ocurriendo con la mancha de petróleo. Y es que el Gobierno controla, bien directamente, bien a través de empresas aparentemente privatizadas, la mayor parte de los medios de comunicación de este país, con los que dibuja la realidad que tiene dentro de su cabeza, se parezca o no a la de la calle. España va bien.

En cuanto a las empresas que no controla, parece que le sobran mecanismos para intimidarlas con la amenaza de legislar en contra de ellas. Aznar ha abandonado a las leyes del mercado la protección civil y el precio de la vivienda, sin dejar por ello de desembarazarse también de la seguridad, la sanidad o la enseñanza públicas; en cambio, no soporta que sea el mercado el que regule, por ejemplo, las retransmisiones de los partidos de fútbol en el convencimiento delirante de que, si controla el balón, controla la realidad.

Así las cosas, tenemos todo el derecho a sospechar que decisiones como la de acabar con Caiga quien caiga constituyen un acto de censura informativa antes que un ejercicio de libertad empresarial.

EL PAIS, 20-XII-2002

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